El texto analiza el impacto de la inteligencia artificial en la administración pública, destacando la necesidad urgente de marcos regulatorios claros y responsables para garantizar derechos fundamentales protegidos. Estudia el Reglamento Europeo 2024 sobre inteligencia artificial, señalando avances normativos que promueven transparencia, supervisión humana y protección de datos en entornos públicos automatizados. Destaca el rol del mundo local en aplicar este Reglamento, subrayando la capacidad de los ayuntamientos para experimentar con herramientas inteligentes ajustadas a sus realidades específicas. Advierte sobre riesgos de fragmentación normativa si las entidades locales no reciben apoyo técnico y económico apropiado desde administraciones nacionales o autonómicas. Expone estudios comparados entre municipios europeos que han implementado sistemas de IA regulada, mostrando resultados en eficiencia administrativa y mejora en servicios ciudadanos. Concluye que una regulación armonizada debe incluir protocolos de evaluación de impacto ético y social antes de desplegar soluciones inteligentes en dependencias locales.
El anuario evalúa igualmente la calidad de la regulación pública, señalando cómo el Reglamento Europeo impulsa mejores prácticas en diseño normativo local mediante principios de proporcionalidad y participación ciudadana efectiva. Señala que la IA puede facilitar procesos administrativos más ágiles, pero exige formación adecuada del personal local y modificaciones legislativas en competencias municipales tradicionales. Subraya la importancia de sistemas de auditoría algorítmica para detectar sesgos y asegurar responsabilidad pública en decisiones automatizadas. Advierte que la falta de inversión en infraestructura digital local puede derivar en desigualdades territoriales en aplicación del Reglamento Europeo. Recomienda herramientas estandarizadas para la evaluación de normativas locales influenciadas por IA, promoviendo interoperabilidad y buenas prácticas replicables. Finaliza planteando que la inteligencia artificial regulada correctamente puede fortalecer la gobernanza local, compatibilizando innovación tecnológica con principios democráticos, transparencia y justicia administrativa.
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