La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, constituyó un hito decisivo al cambiar la mirada de la sociedad y del Derecho hacia las personas con discapacidad.
Un eje esencial de esta transformación había de ser el artículo 12, que reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad al ejercicio de su capacidad jurídica, cuya implementación en los ordenamientos jurídicos estatales está resultando sin embargo extremadamente lenta.
En este libro, tras analizar en profundidad las exigencias del artículo 12, se examinan en contraste con ellas las regulaciones legislativas de la capacidad jurídica en algunos países, con particular atención al nuestro, prestando también atención a su aplicación práctica, para mostrar sus virtualidades y sus deficiencias. Se pretende contribuir así a la toma de conciencia de toda la sociedad en especial, de los actores políticos, de los operadores jurídicos y de los gestores y profesionales de entidades de atención a la discapacidad acerca de que las personas con discapacidad, también las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, son capaces de tomar sus propias decisiones, si se les brindan los apoyos que precisan, que nunca deben consistir en decidir por ellas.
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