¿Ejercita poder un investigador del CSIC al presentar sus resultados? ¿Un museo público en las exposiciones guiadas que ofrece a sus visitantes? ¿Un servicio de salud cuando está curando?
En contra de nuestra intuición, la doctrina jurídico-administrativa se inclina por responder afirmativamente a estas preguntas porque está condicionada por una racionalización de la acción administrativa cuyo centro de gravedad se encuentra, precisamente, en la idea de poder. La proposición de que todo movimiento de la Administración es actualización de una potestad continúa siendo nuclear.
Las consecuencias de esta lógica podrán pasar desapercibidas a primera vista, pero no son, en absoluto, fútiles. Baste con analizar detenidamente algunos pronunciamientos judiciales que tienen por objeto acción administrativa difícilmente reconducible al ejercicio de una potestad o una competencia.
El estudio que tiene el lector entre las manos responde a este estado de cosas enraizando todo movimiento de la Administración en el desempeño de una función, idea a cuya construcción teórica dedica su esfuerzo sirviéndose de doctrina consolidada en nuestro entorno europeo. Como resultado, proporciona un análisis alternativo de la fisiología y la patología de la actividad administrativa. La relectura que propone de un número de sentencias a partir de sus conclusiones desvela enseguida su trascendencia práctica.
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