La familia se configura como un núcleo irreductible de la persona; sin embargo, también aquí nuestro legislador asume la necesidad de otorgar protección tanto a la forma en la que se adquiere tal condición familiar, v. gr. el matrimonio o el nacimiento o la adopción, a la par que al acervo de derechos y deberes que son imputables a las personas que componen tal núcleo familiar.
No obstante, la delimitación de qué es lesivo para con el derecho penal y qué aspectos de la familia son acreedores de la protección de este derecho de ultima ratio requieren despejar diversas incógnitas. ¿En qué casos podremos hablar de un verdadero matrimonio ilegal? ¿Es posible alterar la filiación de un menor? O en su caso, las cuestiones concernientes a los derechos y deberes supra mentados: ¿Cabe imputar responsabilidad penal por el mero hecho de inducir al menor o persona discapacitada necesitada de especial protección a abandonar el domicilio familiar? ¿Es típico el abandono, siquiera temporal, de estas personas? ¿En qué casos el impago de las prestaciones económicas está justificado atendiendo a la economía del obligado? ¿Es posible alegar un desconocimiento de la resolución sobre la guardia y custodia del menor en el delito de sustracción del art. 225 bis CP? Cuestiones, todas ellas, a las que damos respuesta en esta revista a través de la más reciente y relevante jurisprudencia.
Y, además, en la parte de actualidad:
– La obligación del Ministerio Fiscal de oír a las víctimas o perjudicados en el trámite de audiencia preliminar
– “Sexting”: ¿Es delito leve o menos grave divulgar lo recibido de la víctima por WhatsApp?
– Conducta típica del abogado desleal
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