Examina la intervención legítima del sistema penal frente a la corrupción política y el papel de la Justicia en el actual estado de partidos. Analiza la tensión entre poder político y poder judicial, la emergencia del juez como instancia de control y los riesgos de deslegitimación mediante estrategias como el denominado lawfare.
Sobre esta base, estudia la configuración europea del Ministerio Público como autoridad judicial y contrasta ese modelo con el diseño constitucional y estatutario del Ministerio Fiscal español, marcado por su vinculación al poder ejecutivo. A partir de un diagnóstico de mutación constitucional y de sospecha de parcialidad, se propone una profunda reforma del Estatuto y, en último término, de la Constitución, para integrar al Ministerio Fiscal en el poder judicial y atribuirle la investigación de la criminalidad con verdadera independencia.
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