La transparencia de la actividad pública se configura legalmente a partir de dos pilares fundamentales y complementarios: el derecho de acceso a la información pública y la publicidad activa.
Mientras el ejercicio del derecho de acceso es marcadamente procedimentalizado (formulación de solicitud de acceso con identificación, plazo de un mes de resolución, posibilidad de inadmisión o denegación o, simplemente, de silencio desestimatorio…), la publicación proactiva de información de interés general por las Administraciones públicas (publicidad activa) presenta atractivos innegables: permite un acceso inmediato y directo a la información pública (sin intermediación), libre (sin identificación) y gratuito.
Por todo ello, no es de extrañar el éxito rotundo de esta vía de acceso a la información. Así, en los diez primeros años de aplicación de la Ley (desde enero de 2015 a diciembre de 2024), mientras se presentaron cerca de 82.000 solicitudes en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, el mismo Portal recibió más de 40 millones de visitas.







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